Izquierda Unida de Lora del Río en contra del recurso presentado por el Gobierno del PP contra la Ley de la Vivienda impulsada por Izquierda Unida en la Junta de Andalucía

Desde IU Lora del Río manifestamos el profundo malestar que se ha establecido en nuestro grupo político municipal tras el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central del Partido Popular contra la Ley de la Vivienda, también llamada ley antidesahucios, impulsada por Izquierda Unida en la Junta de Andalucía, y que tantos desahucios había evitado hasta el momento.

Nuestro ayuntamiento se adhirió recientemente, a través de un Convenio, al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, para que en nuestro pueblo no se produzca ningún desahucio. Esto es un ejemplo más de cómo las leyes aprobadas por el gobierno central del PP están afectando a todos los ciudadanos y concretamente a los loreños y loreñas, y que puede verse empeorado con la próxima aprobación prevista de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que va a afectar a todos los ciudadanos y en especial a pueblos de menos de veinte mil habitantes como es el caso de Lora del Río.

Izquierda Unida impulsará la defensa de la ley y del derecho a la vivienda desde la Junta de Andalucía y en la calle, junto con las organizaciones sociales implicadas en la lucha contra los desahucios. En este sentido, Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, fue tajante ante el anuncio realizado por el Gobierno del PP: “no nos vamos a rendir, no nos van a doblegar. La lucha comenzó en la calle y seguirá en la calle. El gobierno andaluz ha defendido el derecho a la vivienda y lo seguirá defendiendo”.

El recurso presentado por el Gobierno es una muestra más del objetivo de acción llevado a cabo por el mismo, que no es otro que el empobrecimiento de la mayoría social y debilitamiento de su poder. Dicho recurso ataca a la clase trabajadora y a las clases populares, y provoca que los andaluces sean hoy más débiles a mayor gloria de banqueros y especuladores.

Así pues, hasta este momento la realidad de la comunidad autónoma andaluza era la siguiente: más de 3.500 desahucios evitados y 35 familias por expropiación, además de otras 35 cuyos expedientes se encontraban en trámite momentáneamente. Con este recurso, el Gobierno del PP demuestra que su filosofía es claramente la de defender a la élite financiera y especuladores y hundir aún más a la mayoría trabajadora.