Izquierda
Unida ha sido desde su fundación una fuerza política
profundamente municipalista. IU desde los Ayuntamientos que dirige,
pone en práctica formas de gobernar diferentes, cercanas a los
intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones
por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas. Una defensa de
los derechos desde lo local aún más importante en los momentos
que vivimos, donde el Ayuntamiento, como administración más
cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención
mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando.
IU
en coherencia con su espíritu municipalista, se opone y rechaza
el Proyecto de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. Este Proyecto de Ley, que representa la
demolición del poder local, se fundamenta en los principios de
recentralización política y privatización, ahora aplicado al
ámbito de las Administraciones Locales. Estos principios fueron
consagrados por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, que desarrolla el artículo 135 de la Constitución
Española, un artículo modificado a espaldas de la ciudadanía y que
prioriza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto, y pone, en
definitiva, a los gobiernos al servicio del mercado.
El
Gobierno del PP plantea una reforma de la Administración Local de
claro corte neoliberal y autoritario. Se vuelve a utilizar la crisis
como excusa para imponer una Ley injusta que va en contra de los
intereses de la mayoría social. La degradación de los servicios
públicos, fruto de las políticas de recorte, está afectando a la
vida cotidiana de las personas y al funcionamiento de una economía
cada vez más deprimida y en recesión. Los recortes no hacen más
que ahondar en esta situación regresiva, perjudicando, a su vez, a
las cuentas públicas por la reducción paralela de ingresos.
Mientras, se trasvasan grandes cantidades de dinero a la banca y se
convierten los servicios públicos en negocios de los que se va a
beneficiar la oligarquía financiera, principal gestora de esta
estafa económica.
Con
esta reforma se ignoran los principios de autonomía y
subsidiariedad, y se pasan por alto los derechos y las necesidades de
la gente y los niveles de calidad, eficacia y rentabilidad social de
los servicios municipales. La reducción de competencias municipales
y capacidad de maniobra de los Ayuntamientos tendrá consecuencias:
privatizaciones, menos y peores servicios públicos, así como la
pérdida de empleo municipal. Las alternativas para la mayoría de
los Ayuntamientos serán las de suprimir servicios públicos o
privatizarlos.
La
democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todos
y todas, está en peligro por esta reforma de la Administración
Local con la que el PP pretende vaciar la función social de los
Ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que aún quedan en
manos públicas.
La
pérdida de la prestación de servicios supondrá, por tanto, un
grave retroceso de la calidad democrática. En un momento donde
la población reclama mayor participación en la vida democrática,
con su reforma local el PP mutila la participación y la capacidad de
decisión sobre las políticas de proximidad que se desarrollan en
los Ayuntamientos.
Por
todo ello, hacemos un llamamiento a la movilización ciudadana en
defensa de los pueblos y ciudades andaluces, de sus servicios
públicos y su democracia local, para que nuestros municipios sean
espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de
sus gentes y no de quienes quieren hacer negocio a costa de la
calidad de vida y los derechos de los pueblos. Desde Izquierda
Unida de Lora del Río exigimos, por tanto, la retirada del Proyecto
de Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, defendemos las competencias reconocidas en el Estatuto de
Autonomía y abogamos por profundizar en una financiación justa y
acorde con los servicios que se ofrecen desde los Ayuntamientos.
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