Izquierda Unida presenta una moción contra los desahucios al Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río

IU ha presentado una moción contra los desahucios para su aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río, con el siguiente contenido:

1. Exigir la retirada del citado Decreto Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple:
2. la paralización inmediata de todos los desahucios,
3. la dación en pago con carácter retroactivo,
4. el alquiler social como solución alternativa,
5. la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil,
6. la reforma de la Ley hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda.
7. En consecuencia, apoyar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social.
8. Promover actuaciones de mediación ante las entidades financieras y de información de las familias en riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios.
9. Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.
10. Dar traslado de la presente moción a la Subdelegación del Gobierno central y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.
    
    

El Consejo de Ministros del pasado 16 de septiembre aprobó un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se ha revelado absolutamente insuficiente nada más hacerse público porque no aborda en profundidad y con voluntad real el trágico problema de los desahucios.

El citado Real Decreto establece dos medidas:

1. La paralización durante dos años del desahucio, que afecten a los colectivos que cumplan estos requisitos:

1. no superar el nivel de rentas de 1.597 euros;
2. haber multiplicado la carga hipotecaria, al menos, por un 1,5 en los últimos cuatro años;
3. superar la cuota hipotecaria el 50 por 100 de los ingresos netos;
4. tener un crédito garantizado con hipoteca sobre la única vivienda en propiedad;
5. y, además, encontrarse en alguna de estas circunstancias:

• Ser familias numerosas de acuerdo con la definición en la legislación vigente,
• Constituir una unidad familiar monoparental con dos hijos a cargo,
• Ser familias con algún menor de tres años,
• Tener a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 por 100 o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,
• Ser deudores en paro y sin prestación por desempleo,
• Constituir unidades familiares en las que convivan en la misma vivienda una o más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad y que se encuentren en situación personal de discapacidad, dependencia o enfermedad grave que le incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
• Estar en algunos supuestos de violencia de género.

2. Creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda.

Este Decreto ley es a todas luces es injusto e insuficiente, ya que establece una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema en su trágica dimensión.

El Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente por tanto la amenaza del desahucio, a colectivos en los que tienen que darse al mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución Española, y cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una vivienda digna.

Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda perpetua con el banco, en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, como lo evidencia la franquista Ley Hipotecaria española de 1946.

No se trata solo de los desahucios: se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado por una situación a todas luces injusta y por unas leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a las personas al pairo de las entidades financieras, ante las que el Gobierno central no muestra intención política de confrontar en favor de la ciudadanía más vulnerable.

Los Ayuntamientos andaluces, que conforman la administración más cercana a la ciudadanía, no pueden permanecer ajenos a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino que deben erigirse como parte del Estado que, como en otras importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha demandado, ponga en el centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que den solución a uno de los problemas más graves con los que se encuentra actualmente la sociedad española.

Proponemos la adopción de los siguientes ACUERDOS

1. Exigir la retirada del citado Decreto Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple:
2. la paralización inmediata de todos los desahucios,
3. la dación en pago con carácter retroactivo,
4. el alquiler social como solución alternativa,
5. la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil,
6. la reforma de la Ley hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda.
7. En consecuencia, apoyar la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social.
8. Promover actuaciones de mediación ante las entidades financieras y de información de las familias en riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios.
9. Apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos arriba enunciados.
10. Dar traslado de la presente moción a la Subdelegación del Gobierno central y a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de la provincia.